Sentencia A. 2023/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2023/23

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Corte Constitucional carece de competencia para dirimir conflicto

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2023 DE 2023

 

Expediente: CJU-3558

 

Conflicto aparente de jurisdicciones entre la Procuraduría Provincial Judicial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare

 

Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

 

Bogotá D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

         

AUTO

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.                 En fecha no especificada, la señora Elsi Nahir Fajardo Plaza presentó queja contra la señora Mayra Lizeth Vega Ostos, quien ostentaba la calidad de auxiliar judicial. Según la quejosa, la señora Mayra Lizeth Vega Ostos fue nombrada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama como secuestre en el proceso de sucesión adelantado por esa autoridad, bajo el radicado 2019-111. A su turno, informó que la accionada faltó a sus deberes como secuestre del vehículo XJA-204 y su remolque R40090 poniéndolos en evidente riesgo de deterioro, hurto e incluso venta ilegal.[1]

 

2.                 El caso fue conocido inicialmente por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare quien, en Auto del 30 de junio de 2022, decidió declarar su falta de competencia y remitir el proceso disciplinario a la Procuraduría Provincial Judicial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. En concreto, señaló que, conforme a los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, los auxiliares judiciales son funcionarios públicos que deben ser disciplinados por la Procuraduría y no por la Comisión Seccional, por lo que el conocimiento del caso debía ser ventilado en la Procuraduría Provincial Judicial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.[2]

 

3.                 Por su parte, la Procuraduría Provincial Judicial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, en Auto del 27 de octubre de 2022, propuso conflicto negativo de jurisdicciones. En concreto, argumentó que, los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019 limitaron el control disciplinario de la Procuraduría, para aquellos casos en que se investigue o discipline a un sujeto que cumple funciones públicas de manera permanente o transitoria en entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal o que administren recursos públicos. A su turno, el Legislador fijó procesos especiales en los cuales no interviene la Procuraduría, estos son aquellos que se adelantan contra  particulares en ejercicio de funciones públicas, como es el caso de los notarios y de los funcionarios y empleados judiciales y auxiliares judiciales. Conforme a lo anterior, la Procuraduría señaló que, en vista a los artículos 47 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, los auxiliares de justicia trabajan como particulares que ejercen de manera transitoria funciones públicas, por lo que la competencia para investigarlos disciplinariamente debe recaer en cabeza de la respectiva Comisión Seccional de Disciplina Judicial, conforme a lo establecido en los artículos 2º, 70, 239 y 240 del Código General Disciplinario.[3] Por tanto, ordenó remitir el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la controversia.[4]

 

4.                 Al interior de la Corte Constitucional, el expediente fue repartido al Magistrado Sustanciador el 25 de julio de 2023 y remitido para su sustanciación el 28 del mismo mes y año.[5]

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

A.               Competencia

 

5.                 De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

 

B.                La Corte Constitucional no es competente para decidir las disputas relativas a la autoridad llamada a tramitar actuaciones disciplinarias en contra de los auxiliares de la justicia. Reiteración de jurisprudencia Autos 893 de 2023 y 1039 de 2023

 

6.                 En los Autos 893 de 2023 y 1039 de 2023,[6] se reiteró que la Corte Constitucional no es la llamada a decidir sobre las disputas que se presenten respecto de la eventual competencia para tramitar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia cuando se presente entre un Consejo Seccional de Disciplina Judicial y una Procuraduría delegada o provincial o distrital. Lo anterior, por cuanto la competencia prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución exige que el conflicto de jurisdicciones ocurra entre dos autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales, condición esencial que no se acredita en estos escenarios. En concreto, las Comisiones Seccionales ejercen funciones disciplinarias judiciales, pero, en estos eventos, la Procuraduría tiene funciones disciplinarias de naturaleza administrativa.[7]

 

 

C.                Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado los conflictos de la referencia. Reiteración de jurisprudencia

 

7.                  Esta Corporación en anteriores oportunidades ha señalado que,^[8] según el artículo 82 de la Ley 734 de 2002 (a la fecha reemplazado por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019^[9] vigente desde el 29 de marzo de 2022), en un asunto disciplinario los conflictos de competencia deben ser resueltos por su superior común. Sin embargo, también se ha advertido que los jueces y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no poseen superior en común, lo que impide la aplicación de dicha regla.[10]

 

8.                 Ante el anterior escenario, la Sala Plena ha concluido que cuando en el conflicto se encuentre involucrada al menos una autoridad administrativa o en ejercicio de facultades de esa naturaleza, deberá ser dirimido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.[11] Lo anterior, en virtud de los artículos 39 y 112.10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues “[l]as referidas disposiciones señalan que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia en los que: (i) al menos dos entidades nieguen o reclamen competencia sobre un determinado asunto; (ii) se presenten entre autoridades del orden nacional o en donde esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, o aquellos que se presenten entre entidades territoriales de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (iii) que se refieran a un asunto de naturaleza administrativa; y (iv) que versen sobre un asunto particular y concreto.”^[12]

 

9.                 Bajo esta línea, en el Auto 734 de 2023,¹⁶ la Corte Constitucional recordó que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha sustentado su competencia para dirimir conflictos administrativos de acuerdo a los artículos 39, modificado, en su inciso 3º, por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021 y 112, numeral 10°, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, está Corporación retomó que “hay elementos que la habilitan [a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado] para dirimir los conflictos de competencias administrativa, a saber: i) que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; ii) que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.”

 

 

D.               Caso concreto

 

10.             En esta ocasión, la controversia remitida a la Corte Constitucional involucra las siguientes autoridades: (i) la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, en conocimiento de una posible falta cometida por la señora Mayra Lizeth Vega Ostos (secuestre); y (ii) la Procuraduría Provincial Judicial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá a la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare le remitió el asunto. Conforme a lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 241.11 de la Carta, la Corte Constitucional no tiene competencia para dirimir este tipo de asuntos, pues no se trata de una controversia suscitada entre dos autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales. En efecto, la contienda se trabó entre una autoridad de la jurisdicción disciplinaria y otra que ejerce funciones administrativas disciplinarias.

 

11.              Ahora bien, sobre la autoridad a la que compete resolver el presente conflicto, esta Sala considera que, prima facie, el asunto: (i) podría tener elementos de naturaleza administrativa, de acuerdo a la investigación disciplinaria que pudiera adelantar la Procuraduría; (ii) versa sobre la compulsa de copias a la señora Mayra Lizeth Vega Ostos, en su condición de auxiliar de la justicia, dado que habría faltado a sus deberes como secuestre, al poner en riesgo claro de deterioro, hurto e, incluso, venta ilegal, el vehículo XJA-204 y su remolque R40090, encomendados a ella por el Juzgado; y (iii) refiere al conflicto entre dos autoridades para conocer de una investigación disciplinaria, las cuales ejercen sus funciones de manera desconcentrada y sin estar sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo (supra 19). Así las cosas, la Corte remitirá el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que resuelva el conflicto suscitado, en atención a lo dispuesto en los artículos 39 y 112 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

12.             Por todo lo anterior, de la mano de la decisión inhibitoria, esta Corte ordenará remitir el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como autoridad competente para resolver el presente conflicto.

 

 

III. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la controversia de la referencia, suscitada entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y la Procuraduría Provincial Judicial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-3558 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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